La necesidad de reforzar la seguridad del campo en el Código Penal
Aunque parezca extraño en pleno Siglo XXI, el Código Penal argentino no contempla en un pie de igualdad los delitos de violación a la propiedad privada o daños en viviendas urbanas que en zonas rurales.
De esa manera, se abre un abanico de grises que le quitan a miles de productores y trabajadores rurales la posibilidad de contar con un nivel de resguardo ante estos delitos.
Por eso es fundamental el paso que dieron en forma conjunta las comisiones de Legislación Penal y Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados esta semana para brindarle una solución y una equiparación a los delitos que se cometen en zonas urbanas y rurales del país que insólitamente mantienen esas diferencias.
Vale remarcar que esta desigualdad se agrava por las condiciones estructurales del entorno rural: grandes distancias, caminos en mal estado que dificultan el acceso, falta de cobertura telefónica y de internet, y lejanía de las fuerzas de seguridad.
La iniciativa que ahora está en condiciones de ser tratada y aprobada en el recinto de la Cámara Baja prevé penas de hasta 8 años de prisión para quienes provoquen daños que afecten la producción agropecuaria y establece además sanciones para el ingreso no autorizado a establecimientos rurales.
Es importante destacar que la iniciativa fue impulsada por Confederaciones Rurales Argentinas y llevada al Congreso para su debate. Allí los dirigentes destacaron la necesidad de contar con herramientas legales frente al ingreso no autorizado a establecimientos rurales y los daños intencionales sobre cultivos, ganado, silobolsas, forrajes e infraestructura productiva. Pero también destacaron que el objetivo no es solicitar privilegios para el sector, sino contar con una legislación que permita proteger la producción y a las familias que viven y trabajan en el campo.
En el caso de Córdoba, el desarrollo de la Patrulla Rural vino a colaborar y mitigar el delito, con el correr de los años, la experiencia adquirida y el complemento de los productores en materia preventiva. Sin embargo, la necesidad de tipificar e incrementar las penas a nivel nacional sigue siendo un factor clave.
Es imperioso destacar que en el país hay además una amplia diversidad territorial con realidades bien diferentes en cada geografía. Cada región tiene sus propias condiciones de infraestructura, conectividad, presencia del Estado y acceso a la seguridad. No es lo mismo producir en la pampa húmeda que en zonas de frontera agrícola; no es lo mismo un establecimiento cercano a un centro urbano que uno ubicado a varias horas del pueblo más próximo; no es lo mismo la realidad de Buenos Aires que la de Córdoba, Santiago del Estero, Corrientes, Salta o la Patagonia.
Trabajar y producir en cada uno de esos lugares no puede estar expuesto abiertamente al delito que conoce de las ambigüedades legales. Es hora de proteger el trabajo, los bienes y especialmente la vida de quienes todos los días transitan las zonas rurales para producir más y mejor. Para eso se necesita un marco normativo de largo plazo que brinde seguridad a quienes producen y a las comunidades rurales, acompañando el desarrollo productivo del país.
En ese sentido, el dictamen de las comisiones y el avance para que el proyecto sea puesto a consideración en el recinto abre una instancia nueva que pone más cerca el objetivo perseguido desde hace mucho tiempo y que contó con un propuesta concreta que sirvió para iniciar el debate que más temprano que tarde debe convertirse en ley.
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