Barreras arbitrarias que amenazan con fuertes secuelas económicas
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Aunque, como todo el planeta, tienen cosas para corregir y mejorar, los países menos desarrollados están lejos de ser los principales responsables de los desequilibrios ambientales en el mundo. Claramente, a esos protagonistas hay que buscarlos más cerca de las potencias económicas, siempre según la información respaldada por la ciencia.
Sin embargo, a la hora de realizar ciertas valoraciones, resulta reiterativo encontrar observaciones en el sentido contrario. O incluso, que esos prejuicios sean utilizados en la misma dirección también como barreras para intentar proteger intereses económicos.
En ese contexto se inscribe la insistencia de la Unión Europea en los cuestionamientos a los modos de producción en otros puntos del planeta, especialmente de alimentos que compiten con sus propias producciones.
Ahora se encamina a una doble restricción vinculada en ambos casos al impacto ambiental de la producción de soja en Argentina. Rápidamente hay que advertir que los sistemas productivos argentinos están certificados entre los de menor huella ambiental, y su historia de innovación tecnológica lo ratifican, con la siembra directa como abanderada.
La renovada preocupación pasa ahora por la intención europea de clasificar a la soja argentina como cultivo de “alto iLUC” (Cambio Indirecto del Uso de la Tierra, por sus siglas en inglés), una decisión que dejaría rápidamente al biodiésel elaborado con la oleaginosa fuera de los mandatos europeos de energías renovables y restringiría aún más su acceso a ese mercado.
Hay ahí una espada de Damocles que podría caer el 10 de agosto, cuando se resolvería la calificación de la producción nacional bajo esa denominación. Esto motivó acciones que incluyeron a la Cancillería y que promovieron un encuentro para el próximo jueves 16 en Bruselas con el objetivo de evitar esa medida y sus consecuencias; especialmente económicas para Argentina. No sería la única, ya que la producción de soja en Estados Unidos, Paraguay, Uruguay y Brasil corren el mismo riesgo.
Pero además, la clasificación de la soja como “alto iLUC” podría impedir que el aceite de soja sea considerado para futuros mercados, como el de los combustibles sostenibles para la aviación (SAF), que constituyen una gran oportunidad a partir de ahora. Si se bloquea esa opción, los aviones que transitan por Europa no podrían cargar combustible que tengan como materia prima a la soja. Es decir, potenciaría otras materias primas surgidas del propio territorio europeo.
Puertas adentro de la Argentina, está claro que las consecuencias no sólo alcanzarán a la industria, sino que amenza con extenderse a toda la cadena de la oleaginosa, lo que tendrá un efecto amplio en la economía, teniendo en cuenta que es la principal aportante de divisas a través de sus exportaciones.
Es lógico que en el intercambio comercial, los países intenten resguardar determinados intereses estratégicos. Pero en este caso particular hay claramente una afectación que podría ser de envergadura para el país y bajo argumentos absolutamente alejados del sustento científico. De allí que, tanto los representantes de la cadena como desde ámbitos gubernamentales argentinos, se insista en que se trata de una clara barrera paraarancelaria.
Se suma claro el contexto del reciente acuerdo de bloques que la Unión Europea y el Mercosur decidieron finalmente concretar luego de dos décadas de debates. Eso supone también el fomento de prácticas sustentables de intercambio, con una política de fondo que busque el beneficio conjunto y no sólo de una de las orillas; algo que por ahora parece resistirse.
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